La vicegobernadora Hebe Casado representará a la Provincia a raíz de que Alfredo Cornejo esá en Canadá promoviendo la minería en la feria más importante del mundo en esa materia. Antes mantiene una reunión con Mauricio Macri.
Se reunirán los gobernadores para empezar a diagramar el contenido del “Pacto de Mayo” al que convocó Javier Milei
Mendoza participará de la convocatoria a los gobernadores realizada por el presidente Javier Milei en vistas a delinear el Pacto de Mayo, pero además con la expectativa de que las jurisdicciones vuelvan a contar con los fondos del Impuesto a las Ganancias.
La vicegobernadora Hebe Casado representará a la Provincia a raíz de que Alfredo Cornejo esá en Canadá promoviendo la minería en la feria más importante del mundo en esa materia. Antes mantiene una reunión con Mauricio Macri.
Desde su entorno indicaron que su postura será la de “escuchar lo que proponga el gobierno nacional” transmitirlo al primer mandatario a su regreso. “Queremos conocer cuál es la idea y el espíritu del Pacto de Mayo”, señalaron.
Se sabe que en Mendoza ya se solicitó por diferentes vías, incluso la judicial la vuelta en vigencia del Impuesto a las Ganacias con el cual Mendoza perdió el equivalente a una nómina salarial.
Además de los diez puntos incluidos en el paco “refundacional” que propone el oficialismo, la idea es comenzar a debatir un pacto fiscal (que incluya la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias) y la reactivación de la ley ómnibus, caída semanas atrás en la Cámara de Diputados.
El Gobierno pretende pactar con los gobernadores un intercambio sencillo: fondos para las provincias a cambio de apoyos políticos para reimpulsar la denominada “ley Bases”. Si bien en la Casa Rosada dicen que Milei quiere resucitar la ley ómnibus “completa” (con sus más de 600 artículos originales) lo cierto es que la intención del gobierno libertario es hacer pasar el corazón económico del proyecto.
Se trataría de los capítulos vinculados a las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, las privatizaciones, la reorganización administrativa del Estado, las desregulaciones económicas, la reforma en hidrocarburos y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
A ese paquete se le sumarían dos novedades que no estaban en el proyecto original. Por un lado, una nueva fórmula jubilatoria, que implicaría una actualización por inflación desde la sanción de la ley (es decir que no tomaría la inflación de los últimos meses, que licuaron fuertemente los haberes). El otro punto relevante es que el Gobierno quiere introducir en la “ley bases bis” el capítulo de la reforma laboral que estaba en el DNU y fue frenado por la justicia a partir de un planteo de la CGT.