En una sesión clave, la Cámara de Diputados de Mendoza dio luz verde a la Ley de Transformación Digital, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo y anunciada por el gobernador Alfredo Cornejo en su discurso del 1º de mayo del año pasado. La norma busca modernizar la relación entre el Estado y la ciudadanía, apuntando a una gestión más ágil, accesible y eficiente.

Con el respaldo de ambas cámaras legislativas —y tras recibir ajustes en el Senado— la ley establece los principios rectores de una nueva administración pública digital, que será obligatoria para los tres poderes del Estado, entes descentralizados, organismos autárquicos y empresas con participación estatal.

El objetivo central de esta transformación es facilitar el acceso de la población a sus derechos y trámites, reducir la burocracia, optimizar los servicios públicos y garantizar la inclusión digital. La ley también promueve el uso de datos como bien público, fomenta la innovación tecnológica y asegura que las soluciones digitales no impongan tecnologías específicas.

Uno de los aspectos más destacados de la normativa es que el diseño de los servicios digitales deberá tener un enfoque centrado en el usuario. Es decir, deberán ser accesibles para todos los ciudadanos, incluyendo personas con discapacidad o con bajo nivel de alfabetización digital.

De esta manera, Mendoza da un paso firme hacia un Estado más moderno, transparente y centrado en las necesidades reales de la gente.