La Justicia de Mendoza ratificó la vigencia del proyecto PSJ Cobre Mendocino al rechazar un recurso de apelación presentado por diversas organizaciones ambientales. La resolución, dictada por la Quinta Cámara en lo Civil y Comercial, confirmó el fallo de primera instancia que había desestimado una acción de amparo contra la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). De esta manera, el tribunal entendió que no existen elementos suficientes para acreditar daños graves o inminentes que justifiquen la paralización de las actividades en esta etapa.

La Cámara descartó riesgos ambientales inmediatos y avaló la vigencia de la DIA

El tribunal, integrado por las juezas Patricia Canela, María Delicia Ruggeri y María Emilia Funes, analizó el planteo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Civil El Suri de Uspallata. En sus fundamentos, las magistradas sostuvieron que los argumentos de las organizaciones se apoyan en escenarios hipotéticos y supuestos técnicos que no alcanzan para dictar una medida cautelar de suspensión. Según el fallo, la propia prueba aportada por quienes demandan no logra verificar indicadores de riesgo concreto para el ecosistema.

En la resolución se remarcó que suspender la Declaración de Impacto Ambiental en este momento implicaría exceder los límites del control judicial que impone el sistema republicano. Las juezas explicaron que una decisión de tal magnitud requiere un debate más profundo, con producción de pruebas técnicas y un juicio de fondo que analice la constitucionalidad de la ley provincial. Para el tribunal, la tutela ambiental debe ser responsable y no puede transformarse en una decisión anticipada sobre el fondo del asunto sin una verosimilitud del derecho acreditada.

Asimismo, el fallo subraya que, aunque rigen los principios preventivo y precautorio en materia ecológica, estos no habilitan a frenar proyectos de inversión basados únicamente en temores o conjeturas. La Cámara coincidió con el juez de grado en que los planteos de las entidades ambientalistas deben ser evaluados en una instancia de debate pleno y no mediante una medida precautoria. Esto garantiza que la provincia pueda continuar con los procesos administrativos previstos para el desarrollo de la minería dentro del marco legal vigente.

La decisión judicial representa un espaldarazo para la política minera local, que busca reactivar la extracción de cobre en la zona de Uspallata. Desde el ámbito oficial se ha defendido la rigurosidad de la DIA aprobada por la Legislatura, asegurando que cumple con todos los estándares de protección del agua y los glaciares. Por su parte, las organizaciones sociales manifestaron su disconformidad con el fallo, aunque el proceso continuará ahora su curso ordinario para discutir la cuestión de fondo sobre la legalidad de la autorización ambiental.

Finalmente, las costas del proceso fueron impuestas a la parte apelante, siguiendo el principio general de la derrota en sede judicial. Mientras tanto, el proyecto PSJ Cobre Mendocino mantiene su habilitación administrativa para avanzar en las etapas de exploración y estudio, bajo el monitoreo de los organismos de control del Estado. La resolución de la Cámara sienta un precedente importante en la jurisprudencia ambiental de la provincia, delimitando los alcances de las medidas cautelares frente a leyes aprobadas por el Poder Legislativo.