Mendoza, de de
Mendoza, de de
El nuevo proyecto ratifica la intención de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.
En un giro inesperado dentro del escenario legislativo, el Gobierno decidió retirar del Congreso el proyecto de Ley de Reforma Penal Juvenil que se encontraba en tratamiento. La decisión, confirmada este martes, no implica que el oficialismo desista de la iniciativa, sino que responde a un "reinicio" técnico necesario para corregir errores de forma detectados en el articulado original.
El objetivo de las autoridades es blindar la normativa ante posibles planteos de inconstitucionalidad y asegurar un debate más sólido en la Cámara de Diputados.
El motivo central del retiro radica en la necesidad de ajustar la edad de imputabilidad. Mientras que el dictamen previo mencionaba los 13 años, el consenso alcanzado con los partidos aliados establecía el límite en los 14 años, tal como se había pautado el año pasado. Con este ajuste, el Ministerio de Justicia y el de Seguridad buscan adecuar la redacción a los tratados internacionales de derechos del niño a los que Argentina suscribe, evitando que la ley sea cuestionada legalmente una vez sancionada.
Pese a esta corrección técnica, el eje central de la propuesta impulsada por el Ejecutivo se mantiene inalterable. El nuevo proyecto ratifica la voluntad política de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años para poner fin a lo que el Gobierno denomina la "puerta giratoria" en delitos graves cometidos por menores. La iniciativa contempla la creación de un sistema procesal especializado y programas de reinserción de carácter obligatorio para los jóvenes que ingresen al sistema penal.
Un punto clave de la reforma es la creación de establecimientos de cumplimiento de pena diferenciados, asegurando que los menores no compartan espacios con la población carcelaria adulta. Desde el oficialismo insisten en que el nuevo régimen penal juvenil debe ser integral, combinando la responsabilidad penal con estructuras de contención específicas que hoy el sistema actual no logra garantizar de manera eficiente.
La maniobra obligará a las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Niñez y Juventudes a reiniciar el análisis desde cero una vez que el texto reingrese de forma inminente por la mesa de entradas. No obstante, el oficialismo confía en que el diálogo previo con los bloques "dialoguistas" se mantendrá vigente, lo que permitiría agilizar el nuevo trámite parlamentario sin mayores sobresaltos a pesar de la demora administrativa que este movimiento implica.
De esta manera, la discusión por la baja de la imputabilidad vuelve a foja cero en lo formal, pero con una redacción que el Gobierno considera mucho más robusta. El ingreso del nuevo documento se daría en las próximas horas, marcando nuevamente la agenda de seguridad en el Congreso. Mientras tanto, sectores de la oposición y organizaciones sociales aguardan el nuevo texto para analizar si los cambios efectivamente respetan los principios de especialidad y progresividad que rigen en la materia.
