La Policía de Mendoza, a través de la División de Delitos Económicos, llevó adelante seis allanamientos en los departamentos de Las Heras y Lavalle por presuntas irregularidades en el sistema de vacunación. Los procedimientos responden a una investigación de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos que apunta directamente a personal de salud. Según la sospecha judicial, se habrían cargado dosis en el sistema oficial como si hubiesen sido aplicadas, cuando en realidad los pacientes nunca las recibieron.

Una maniobra para obtener beneficios estatales

La investigación señala que esta maniobra permitía la emisión de certificados de vacunación para personas que no habían recibido las dosis correspondientes. De esta forma, se facilitaba de manera ilícita el cumplimiento de requisitos formales necesarios para acceder o mantener diversos beneficios estatales. Los operativos se concentraron en el Centro de Salud 22 de Las Heras, además de domicilios particulares, dependencias internas del establecimiento y un vehículo vinculado a los sospechosos.

La causa penal se originó a partir de la denuncia de un médico de San Rafael, quien fue el primero en detectar inconsistencias en los registros oficiales. Ante la gravedad de los hechos, además del avance en los tribunales, se dispusieron medidas administrativas sobre el personal de salud involucrado en la maniobra. El Ministerio Público Fiscal busca determinar ahora el alcance total del fraude y si existen más agentes implicados en la carga irregular de datos.

Como resultado de las medidas judiciales, los efectivos lograron el secuestro de más de 160 certificados de vacunación y sellos oficiales pertenecientes a distintos centros de salud. También se incautaron recetarios médicos, computadoras, dispositivos de almacenamiento y teléfonos celulares. Todo el material digital será sometido a peritajes para rastrear las conexiones y establecer las responsabilidades penales de quienes utilizaban la estructura pública para fines delictivos.

Este operativo representa un golpe importante a la corrupción dentro de los registros sanitarios de la provincia. La Justicia provincial continuará con el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados para verificar cuántas personas se beneficiaron de estos certificados apócrifos. Por el momento, la causa sigue bajo estricto secreto de sumario mientras se terminan de procesar los elementos de interés recabados en los domicilios allanados en el norte mendocino.