El Gobierno nacional anunció formalmente que enviará al Congreso de la Nación un proyecto para modificar la actual Ley de Salud Mental (26.657). La decisión, ratificada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, surge tras un relevamiento que expuso graves limitaciones en el sistema sanitario actual. Entre los datos que impulsan la reforma, se destaca que solo 16 de las 23 jurisdicciones del país adhirieron a la norma vigente y que la infraestructura en hospitales generales sigue siendo insuficiente para atender la demanda de los pacientes.

Internaciones, diagnósticos precisos y el rol de los hospitales monovalentes

Desde la cartera de Salud, dirigida por Mario Lugones, argumentan que el concepto actual de "padecimiento mental" resulta demasiado ambiguo para la práctica clínica. Por este motivo, la nueva ley propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades para lograr diagnósticos más certeros bajo el término de "trastornos mentales o del comportamiento". El objetivo central es permitir intervenciones más oportunas y preventivas, especialmente cuando existe un riesgo real para la vida o la integridad física de la persona o de terceros.

Uno de los puntos más debatidos de la reforma es la modificación de los criterios de internación. Si bien el proyecto sostiene que la internación debe ser un recurso excepcional, otorga a los psiquiatras la facultad de indicar una internación involuntaria, la cual deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario. Además, se propone extender el plazo de notificación judicial de 10 a 24 horas y establece que, si un paciente voluntario solicita el alta pero su capacidad está afectada, la institución podrá dar aviso a la justicia para transformar su estadía en involuntaria.

A diferencia de la ley actual, que impulsa el cierre progresivo de los centros de salud mental específicos, la propuesta del Ejecutivo busca fortalecer los hospitales especializados. En la actualidad conviven 30 instituciones monovalentes públicas y más de 130 privadas, por lo que el nuevo esquema apunta a integrarlas activamente en la red de atención. Según el Ministerio de Salud, esto permitiría dar una respuesta más técnica y dirigida, alejándose de la idea de desmanicomialización total que planteaba la normativa de 2010.

Finalmente, el proyecto busca ampliar la participación de áreas técnicas en el Órgano de Revisión, incorporando a la Dirección Nacional de Salud Mental y al SEDRONAR en los procesos de fiscalización. Con este cambio de paradigma, el Gobierno nacional pretende agilizar la respuesta ante emergencias y proteger a los pacientes que hoy quedan fuera del sistema por trabas burocráticas. Se espera que el debate en las comisiones del Congreso comience en los próximos días, en medio de una gran expectativa por parte de asociaciones de familiares y profesionales del sector.