Los casos de alcoholemia positiva en funcionarios públicos se han vuelto una noticia recurrente en Mendoza, generando un fuerte debate sobre la ética y la responsabilidad institucional. Episodios recientes, como la renuncia de Gustavo Villegas en Irrigación o las detenciones de los concejales Miqueas Burgoa y Martín Antolín, encendieron las alarmas en la Legislatura provincial. Ante este escenario, la diputada Stella Huczak presentó un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones específicamente para aquellos que ejerzan funciones en el ámbito nacional, provincial o municipal.

Agravantes específicos y multas de hasta 12.000 Unidades Fijas

La iniciativa propone modificar la Ley de Seguridad Vial y el Código Contravencional para incorporar un agravante por el rol del infractor. En términos administrativos, las multas para funcionarios se elevarían de 4.000 a 8.000 Unidades Fijas, con inhabilitaciones de hasta 200 días. Sin embargo, el castigo es mayor si la alcoholemia supera el gramo por litro de sangre: en ese caso, las multas podrían llegar a las 12.000 Unidades Fijas o derivar en un arresto de hasta 120 días, con la prohibición de conducir por un periodo de hasta dos años.

Un eje central de la propuesta es la transparencia, estableciendo la obligación de comunicar la sentencia a la autoridad superior del funcionario infractor. Además, el proyecto es tajante al prohibir la conversión de estas penas en trabajo comunitario y exige la retención del vehículo hasta el cumplimiento efectivo de la sanción. Según los fundamentos de la legisladora, no se trata de una medida puramente punitivista, sino de reconocer que quienes representan al Estado tienen un mayor deber de dar el ejemplo ante la sociedad.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, destacó que las reformas implementadas anteriormente ya han logrado bajar la positividad en los controles del 12 por ciento a un 3 por ciento actual. No obstante, coincidió en que el núcleo del problema está en los conductores que superan el gramo de alcohol en sangre, donde se concentra la mayor peligrosidad vial. Rus remarcó que las sanciones en Mendoza ya son de las más severas del país, con montos que pueden alcanzar cifras cercanas a los 5 millones de pesos en casos graves.

El proyecto de ley comenzará su camino en las comisiones legislativas y se espera que pueda llegar al recinto para su votación el mes que viene. De aprobarse, Mendoza contará con un régimen sancionatorio diferenciado que busca terminar con la sensación de impunidad en la función pública. La iniciativa cuenta con el respaldo de quienes consideran que la seguridad vial se construye con corresponsabilidad, y que los funcionarios deben ajustar su conducta privada al rol representativo que ocupan.