El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva, decretó la intervención federal de Brasilia para que actúen fuerzas de seguridad y miliares hasta el próximo 31 de enero, mientras que garantizó que todos los responsables de lo que calificó como una "barbarie" contra la democracia, a los que llamó "fascistas", serán castigados.

El decreto implica que las fuerzas federales "pueden actuar" para preservar la seguridad en Brasilia.

"Quien haya hecho esto será encontrado y castigado. La democracia garantiza el derecho a la libre expresión, pero también exige que las personas respeten las instituciones. No hay precedente en la historia del país de lo que hicieron hoy. Por eso deben ser castigados", expresó.

"Y vamos a averiguar quiénes son los financistas de los que fueron hoy a Brasilia, y todos pagarán con fuerza de ley", señaló el presidente.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, regresó desde San Pablo a Brasilia, pocas horas después que miles de activistas bolsonaristas radicalizados tomaran los edificios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

En el momento del asalto a los edificios federales, el mandatario, que asumió una semana atrás, se encontraba en Araraquara, una localidad cercana a la ciudad de San Pablo, afectada por fuertes inundaciones.

Justamente desde esa localidad, Lula emitió un decreto en el que determinó la intervención federal del la gobernación de Brasilia hasta el 31 de enero para reestablecer la seguridad.

Implica que la seguridad quedó a cargo de fuerzas federales y de un interventor federal.

"Quien cuidará la seguridad de los edificios federales, serán las fuerzas federales, por incompetencia" de los que estaban encargados, expresó en un Twitter, mientras que criticó al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, al sugerir que tendría que tener conocimiento de los movimientos de los manifestantes: "No acepto sus disculpas", dijo.

Asimismo, el mandatario llamó "vándalos" a los que irrumpieron en los edificios federales, los acusó de atacar a la democracia y aseguró que a los responsables y "financistas" las va a caer "todo el peso de la ley".

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Lula se manifestó de ese modo luego que centenares de militantes radicalizados tomaran las sedes de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo (El Planalto), donde causaron destrozos.

El presidente cuestionó las actuaciones de la Policía Militar, al señalar que "algunos se encontraron guiando a los vándalos", por lo que anticipó que habrá una investigación al respecto.

Las fuerzas del gobierno brasileño comenzaban a retomar el control de los edificios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que habían sido tomados por los bolsonaristas.

Policías y militares, en algunos casos con la utilización de gases lacrimógenos, y tanto caballos, como móviles y medios aéreos retomaban varios sectores de los edificios que habían sido tomados por miles de simpatizantes radicalizados del ex presidente Jair Bolsonaro, los cuales causaron destrozos de instalaciones y mobiliarios.

En primer lugar se logró retomar la sede del la Suprema Corte Federal, después el Congreso y por último el Planato, la sede del Ejecutivo, todos ellos en forma parcial por el momento.

Poco antes, el presidente del Congreso de Brasil, el senador Rodrigo Pacheco, había pedido castigar de forma "urgente" y con el "rigor de la ley" a los radicales bolsonaristas que han invadido las sedes del Parlamento, la Presidencia de la República y la Corte Suprema, en Brasilia.

"Repudio vehementemente estos actos antidemocráticos, que deben sentir el rigor de la ley con urgencia", afirmó Pachecho, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El senador informó de que está en "contacto permanente" con el gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, quien le aseguró que "está concentrando los esfuerzos de todo el aparato policial" para "controlar la situación".

"En la acción, están empeñadas las fuerzas de seguridad del Distrito Federal, además de la Policía Legislativa del Congreso", añadió Pacheco.

El decreto que emitió el presidente de Brasil, Inacio Lula Da Silva, nombró a un interventor el distrito federal de Brasilia, que estará a cargo de Ricardo García Cappelli, quien puede disponer de todos los medios financieros, tecnológicos, estructurales y humanos estaduales para garantizar la seguridad.

García Capelli es un periodista de 50 años que desempeñaba el cargo de secretario-ejecutivo del Ministerio de Justicia de Brasil.

El interventor federal tendrá a su cargo todas las fuerzas de seguridad locales, al igual que las autoridades penitenciarias y los bomberos.

El gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, mantendrá las atribuciones que no afecten al objetivo de garantizar la seguridad con respecto a la acción de militantes radicalizados golpistas.