La entrada en vigencia de la Ley 27.801 fijó la imputabilidad penal a partir de los 14 años en todo el país y ya registró su primer caso en Mendoza. Tras el arresto de un adolescente de esa edad por un robo en el Parque General San Martín, el gobernador Alfredo Cornejo confirmó la aplicación inmediata de la norma, mientras que su cómplice de 13 años resultó inimputable.

El procedimiento inicial ante la detención de un menor se realiza en las comisarías ordinarias, pero bajo un estricto límite temporal. Según explicó María de los Milagros Noli, directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte, la permanencia en la seccional es excepcional y urgente, teniendo las autoridades un plazo máximo de dos horas para resolver el destino del joven.

Tránsito, salud y alojamiento transitorio

Para las familias que buscan información tras la aprehensión de un hijo, el primer punto de consulta es la comisaría de la jurisdicción. Antes de cualquier traslado formal, el menor debe pasar obligatoriamente por un centro de salud para constatar su estado físico. De ratificarse la medida judicial, es derivado a la Unidad de Procedimientos y Abordaje de Niñez y Adolescencia (Upana Centro), en el predio de la exDINAF.

Actualmente la provincia atraviesa un período de transición técnica a la espera de que la Legislatura apruebe el nuevo Código Procesal Penal Juvenil. Mientras tanto, la decisión de privar de la libertad a un menor continúa estando bajo la órbita exclusiva de los jueces de garantías de menores.

Respecto al alojamiento definitivo en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (exCOSE), las autoridades aclararon que la detención se mantiene como una medida de última instancia. No solo influye la gravedad del delito, sino una evaluación integral del contexto del adolescente, por lo que el aumento de causas no significará automáticamente un sobrepoblamiento del centro.

En los casos de delitos menores donde los jóvenes no quedan alojados en la DRPJ, la Unidad de Medidas Alternativas asume el seguimiento para garantizar la escolaridad y el acompañamiento familiar. Por su parte, cuando en un mismo hecho participan adultos y menores, el proyecto contempla tribunales colegiados mixtos para resolver la elevación a juicio.