Mendoza, de de
Mendoza, de de
La Ley de Memoria Democrática generó una avalancha inédita de pedidos: más de un millón de expedientes iniciados y 1,3 millones de citas pendientes en el mundo.
La red consular de España en el mundo atraviesa su mayor saturación en décadas. Al cierre del plazo de la Ley de Memoria Democrática, casi tres millones de descendientes de españoles en todo el mundo habían iniciado o intentado iniciar el trámite para obtener la nacionalidad.
De ese total, las autoridades consulares confirmaron que alrededor de un millón son argentinos, una cifra que supera por más de cuatro veces el registro de la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007 y que tomó por sorpresa al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Según datos del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), más de un millón de expedientes ya están formalmente en curso dentro del sistema consular. Cerca de la mitad de estos casos han sido resueltos favorablemente, aunque un alto porcentaje espera todavía la inscripción final. Las denegaciones, por el contrario, no alcanzan siquiera el 2% del total.
A este número de expedientes iniciados se suman 1,3 millones de personas que lograron pedir cita antes del cierre del plazo, pero aún no han podido presentarse físicamente debido a que los consulados no dan abasto. En términos prácticos, y para estos solicitantes, el trámite aún no ha comenzado formalmente.
Ante la magnitud de la demanda global, el Gobierno español tuvo que flexibilizar la interpretación del plazo legal, admitiendo todas las solicitudes que alcanzaron a pedir turno de manera telemática. Sin esa medida administrativa, millones de personas habrían quedado fuera pese a cumplir con las condiciones que establece la norma.
La Ley de Memoria Democrática beneficia a hijos o nietos de españoles que perdieron la nacionalidad por exilio político, ideológico, religioso o por orientación sexual; así como a descendientes de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978; o hijos mayores de quienes obtuvieron la ciudadanía por la ley de 2007.
El panorama, sin embargo, sigue siendo complejo. Pese a la flexibilización, el sistema se encuentra colapsado. Fuentes involucradas en el proceso advierten que, al ritmo actual, algunos solicitantes deberán esperar décadas para ver completado su trámite, lo que pone en riesgo a los de mayor edad.
