La justicia de General Alvear dictó una sentencia ejemplar contra un hombre de 80 años que confesó haber abusado sexualmente de su nieta en reiteradas ocasiones. Tras un juicio abreviado, Roberto Marchán admitió su culpabilidad en hechos que ocurrieron en una vivienda de la calle Roque Saenz Peña. 

El fallo no solo estableció una pena de 16 años de cárcel, sino que también revocó el beneficio de la prisión domiciliaria del que gozaba el acusado, ordenando su traslado inmediato a la penitenciaría provincial.

Un esquema de abusos intrafamiliares y el rol del entorno

La investigación permitió determinar que los vejámenes ocurrieron principalmente a mediados de 2012, aprovechando que el imputado quedaba al cuidado de sus víctimas. Marchán, quien en aquel entonces se desempeñaba como empleado de la construcción, utilizaba la confianza de su círculo íntimo para cometer los delitos cuando las niñas estaban en su casa o bajo su guarda. Además, el caso destapó denuncias de otras nietas y sobrinas, lo que sugiere una conducta sistemática de abusos que se habría extendido durante años en la clandestinidad del hogar.

Un punto crítico de la causa recae sobre la pareja del ahora condenado. La querella, representada por Claudia Fajardo, solicitó que la mujer sea investigada por presunto encubrimiento, ya que se sospecha que los abusos sucedían mientras ella se encontraba presente en la vivienda. Según los testimonios, los ataques ocurrían en habitaciones contiguas mientras el resto de la familia realizaba actividades cotidianas, lo que refuerza la hipótesis de un entorno que, por acción u omisión, facilitó la continuidad de los ultrajes.

El acuerdo de juicio abreviado se alcanzó luego de que el imputado, asistido por su defensa, decidiera confesar al menos dos de los hechos más graves. El fiscal Luis Pariggi y el juez Sergio González convalidaron la calificación de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual agravado por ser el encargado de la guarda. Aunque por su avanzada edad el reo podría solicitar nuevamente el beneficio de la detención domiciliaria, la justicia local decidió que, por la gravedad y el impacto del caso, deba permanecer alojado en el penal.

Este fallo trae un cierre judicial para las víctimas que esperaron más de una década para obtener una respuesta del Estado. Desde las organizaciones sociales de General Alvear destacaron la importancia de que la condena sea de cumplimiento efectivo, enviando un mensaje contundente contra la violencia intrafamiliar. El caso continúa generando conmoción en el sur mendocino, mientras se evalúan las responsabilidades administrativas y penales del entorno del condenado que permitió que estos hechos permanecieran impunes durante tanto tiempo.