La Justicia de Mendoza dictó un fallo de fuerte impacto institucional que redefine la responsabilidad del Estado frente a los daños provocados por contingencias climáticas. La Quinta Cámara de Apelaciones en lo Civil ordenó a la Municipalidad de Las Heras indemnizar con más de 119 millones de pesos a un vecino que sufrió heridas de extrema gravedad durante un accidente de tránsito en el distrito de El Algarrobal. La resolución judicial revoca de manera categórica un dictamen de primera instancia que originalmente había desestimado la demanda civil presentada por el damnificado.

El riesgo del arbolado público, las secuelas de la víctima y la caída del caso fortuito

El siniestro vial bajo la lupa de los magistrados se produjo en el trazado de calle Paso Hondo, en el norte lasherino, cuando la víctima colisionó de frente contra un ejemplar de gran porte que se había desplomado sobre la calzada asfáltica. Aquel incidente ocurrió en el marco de un severo y destructivo episodio de Viento Zonda registrado durante los días 28 y 29 de octubre del año 2023. Mientras que el primer juez del caso consideró que las ráfagas constituían un hecho de fuerza mayor inevitable que eximía de culpa a la comuna, el tribunal de alzada revisó esa interpretación legal y modificó el criterio de atribución de responsabilidad civil.

En los fundamentos del nuevo fallo, los jueces de cámara analizaron minuciosamente que la responsabilidad del Estado comunal se configura a partir del riesgo propio de la cosa, situando al municipio en el rol jurídico de guardián directo del espacio urbano y de la vía pública. El tribunal remarcó que el debate no debía focalizarse de manera exclusiva en las velocidades máximas que alcanzó el viento, sino en el estado fitosanitario real del ejemplar y en la alarmante falta de tareas preventivas y operativas de erradicación o poda por parte del área de espacios verdes.

Las pericias técnicas e informes incorporados al expediente judicial permitieron demostrar de forma contundente el avanzado proceso de deterioro estructural que arrastraba el árbol antes de la tormenta. Según concluyeron los magistrados, una adecuada conservación y un control periódico de la forestación periférica hubieran evitado que el tronco cediera, echando por tierra el argumento del caso fortuito. La suma indemnizatoria fijada por encima de los 119 millones de pesos busca reparar los múltiples rubros reclamados por el damnificado debido al severo menoscabo patrimonial sufrido.

Al momento del trágico impacto, el conductor afectado se desempeñaba profesionalmente como chofer, una actividad laboral que se vio completamente frustrada a raíz de las secuelas de la colisión. De acuerdo con el historial médico del caso, el hombre sufrió una fractura de rótula con compromiso de movilidad, desviación del tabique nasal y un cuadro crónico de cervicalgia. Estas afecciones le provocaron incapacidades físicas y psicológicas de carácter permanente, truncando su capacidad de generación de ingresos y modificando por completo sus condiciones de vida habituales.